La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao inició sus primeras diligencias contra Corpac por el presunto delito de omisión de funciones.
La crítica situación que se generó el último el domingo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, mantiene en vilo a ejecutivos y a las autoridades del sector.
Este martes el Ministerio Público puso en conocimiento de la ciudadanía lo siguiente: «La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao inició investigación preliminar en contra de CORPAC S.A., por el presunto delito de omisión de funciones, tras la falla registrada en las luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez».
Esto se suma a las notas periodísticas que cuestionan el papel de los proveedores con los que trabajó CORPAC en los últimos meses. Por ejemplo, Canal N cita: «La falla en el circuito del sistema de iluminación pone los reflectores en los procesos de mantenimiento y reparación a la pista de aterrizaje».
El reporte indica que «entre noviembre y febrero dos empresas que dieron servicio de reparación y de mantenimiento a las luces de aterrizaje se habrían registrado como proveedores del Estado para contratar exclusivamente con CORPAC.
Estas serían las empresas Leibram Ingeniería y Construcción S. A. C., con sede en Arequipa, y de L & R Multiservice, ubicado en Ica. Ambas empresas no registran oficinas en Lima o Callao.
Mientras Leibram Ingeniería y Construcción fue constituida en el 2022 por Junior Cayari Condori con un capital de 1000 soles; L & R le pertenece a la empresaria Leandra Gómez Barrera y logró una orden de servicio por 37,900 soles. Ambas compañías, curiosamente, solo tienen contrato con CORPAC en el sector público.
Sin duda, el rol de la Fiscalía será clave para detectar el real origen de la crisis en el aeropuerto y sancionar a los responsables.
